El Ministerio de Trabajo e Inmigración delo gobierno español, se vio ayer sometido a una catarata de críticas sobre el nuevo Reglamento de Extranjería por parte de representantes de la judicatura y de la diplomacia latinoamericana en Madrid, sobre el contenido de esta norma, actualmente en fase de borrador.
América Las quejas más amargas, sin embargo, se centraron en la práctica policial de identificar extranjeros por la calle por sus características físicas para iniciar procedimientos de expulsión, algo que el Ministerio del Interior niega.
el consejero de la Embajada de Ecuador en Madrid, Leopoldo Rovayo, denunció públicamente que la norma deja la puerta abierta a situaciones de "irregularidad sobrevenida". El diplomático explicó que, al estar la renovación del permiso de residencia ligada a cierta situación económica, algo tan habitual en estos tiempos como quedarse en paro puede hacer que una persona que estaba en situación regular se encuentre de pronto en situación irregular. La secretaría de Estado de Inmigración, representada en el debate por el director general de Inmigración, Markus González, aseguró que este tipo de casos están regulados desde las modificaciones introducidas en 2009, fruto del pacto social entre empresarios y sindicatos.
Pero las críticas y las preguntas posteriores revelaron aspectos menos conocidos de la reforma. Cristina Olmedo, responsable del área jurídica de la Red Acoge, una de las asociaciones de ayuda a los inmigrantes más importantes de España, destacó especialmente que sean necesarios informes de la comunidad autónoma que acrediten la integración del inmigrante para renovar la residencia. Precisamente este es un asunto especialmente polémico desde el anuncio de Cataluña de exigir el conocimiento del catalán como un requisito imprescindible para los inmigrantes.
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