Exigen la nulidad del juicio "político" en el que fueron condenados

Un grupo de cuatro comuneros mapuches encarcelados en Angol, 575 kilómetros al sur de Santiago, cumple hoy 45 días en huelga de hambre, en una medida de presión que iniciaron para exigir la nulidad del juicio, en que recibieron condenas de hasta 25 años de cárcel tras una investigación basada en los resortes que permite la Ley Antiterrorista, promulgada durante la dictadura chilena.

Debilitados por otra huelga de hambre que efectuaron el año pasado, los comuneros han perdido una media de 14 kilos de peso y su salud se ha deteriorado, según denuncian sus familiares. A pesar de que organizaciones y activistas mapuches han efectuado marchas de apoyo y tomas de edificios públicos en diferentes ciudades, la prensa local ha prestado escasa atención al conflicto, mientras el Gobierno busca mantener el problema circunscrito al terreno judicial.

El director regional de Gendarmería, David Espinoza, interpuso el martes un recurso de protección a favor de los cuatro comuneros en la Corte de Apelaciones de Temuco, que de ser aprobado, como prevén fuentes judiciales, permitirá su traslado a un centro hospitalario en el caso de un empeoramiento de su estado.

A pesar de que presentan debilidad, cefaleas, mareos, calambres y baja temperatura corporal, los comuneros afirman que persistirán en su protesta. Ellos encabezaron el año pasado una huelga de hambre que duró 80 días y culminó con la mediación de la Iglesia católica y un acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para una reforma que redujo algunas de las atribuciones de la Ley Antiterrorista.

Aún así, los comuneros en huelga de hambre, Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, y Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, dirigentes del mismo movimiento, fueron condenados por homicidio frustrado y lesiones por haber supuestamente atentado contra el fiscal Mario Elgueta en 2008 y cometido robo con intimidación.

Si bien no se les aplicaron las penas de la Ley Antiterrorista, el tribunal sí aceptó el uso de la investigación realizada por la fiscalía con las atribuciones excepcionalmente amplias de esta legislación. Las principales evidencias que utilizó la fiscalía se basaron en un testigo secreto. Uno de los acusados denunció torturas, que no fueron investigadas aunque existían antecedentes médicos, sostiene la defensa. En las condenas se usó la confesión de uno de los comuneros, "obtenida claramente con infracción de las garantías mínimas", según el abogado defensor Georgy Schubert. Un comunero permaneció dos años encarcelado por el mismo caso mientras la justicia investigaba, una atribución que permite la Ley Antiterrorista, y fue finalmente liberado de todos los cargos, al igual que otros 13 mapuches acusados. El caso prosiguió contra los dirigentes, que finalmente fueron condenados en marzo.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos ha calificado el juicio como "político" y otros organismos humanitarios han pedido que sea anulado. Dirigentes mapuches alegan que tras esta condena estuvo la intención de desarticular las movilizaciones de las comunidades mapuches, que reivindican la recuperación de sus tierras ancestrales.

En una carta enviada desde la cárcel hace una semana, Llaitul afirma que fueron condenados por su postura autonomista y por estar presentes en los procesos de recuperación territorial. "No hubo pruebas científicas ni de ningún tipo, la fiscalía no presentó coherencia de los hechos, no hubo relación lógica de los mismos (...) La condena es parte de una estrategia mayor de represión al movimiento mapuche", dice.

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