Decisiones de política publica en gobiernos conservadores.

Nombrar a un ex presidente de Bancolombia (Jorge Londoño), a la cabeza de un órgano privado encargado de gestionar recursos públicos destinados a la reconstrucción de los desastres del invierno y adelantar tareas propias del sector público, es una forma para el Estado de reconocer su baja capacidad de ejecución de políticas públicas en el territorio nacional.

No es de extrañar que las políticas públicas se le hagan grandes a un gobierno conservado, si tenemos en cuenta, como son los ideales del conservadurismo, “cuanto menos estado mejor”.

Dejar los recursos públicos en manos de un señor que solo cree en lo privado como medio para resolver los problemas del país, no es (creo) la mejor idea para resolver la tragedia de este invierno.

La revista The Economist, en su edición de predicciones para 2011, trae un artículo sobre un índice de “capacidad del Estado”, que mide en grandes líneas la capacidad de los países del mundo para programar y elaborar políticas y aplicar las leyes con rigor y transparencia. Colombia aparece en un grupo de 33 países con débil capacidad estatal o institucional. Esto refuerza mi visión y opinión, de que los países gobernados durante largos años por gobiernos conservadores, pierden capacidad de aplicación de políticas publicas eficaces, que protejan (como es el caso de esta tragedia invernal).

Continuando con mi análisis, paradójicamente, el gobierno central, a pesar de disponer de muy buenos funcionarios, no tiene cómo poner en marcha por sus propios medios unos planes nacionales de grandes ambiciones, porque no cuenta con instituciones propias en los departamentos y municipios que le permitan ejecutar sus políticas sin depender del localismo de un alcalde o un gobernador. Es decir que el gobierno conservador y Colombia tiene mucha tradición en esta tendencia, no dispone de una buena organización de entes públicos y no es de extrañarse, cuando se piensa desde la óptica conservadora que a menos estado mejor.

En algún sitio leí una vez, que se comparaba la presencia de nuestro Estado central en el territorio a una ONG, con expresiones múltiples e indirectas de su existencia, como pueden ser Familias en Acción, el Sena o el ICBF, que despliegan políticas sectoriales que no siempre se articulan entre sí y que a veces son inclusive contradictorias.

Hoy el Estado central depende en gran medida de las entidades territoriales para ejecutar las políticas que elaboran sus ministerios o el arcaico Departamento Nacional de Planeación. Desde 1991, Colombia sentó las bases de un “dualismo territorial”, conforme al cual lo central y lo local constituyen dos ámbitos separados, cada uno con una definición propia de sus intereses y objetivos y que funcionan de manera separada, compitiendo entre sí por recursos limitados. Es decir puro desorden publico, cuando más se necesita la coordinación y sobretodo los recursos públicos. Es de confiar que este señor que con ideas y sobretodo métodos privados tenga a bien que su gestión en el ente privado, para gestionar fondos públicos, no aplique la máxima de la empresa privada que es obtener beneficios y sobretodo que por favor, se repartan todos los fondos.