Los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone serán juzgados desde este lunes en Argentina en el primer proceso por el robo sistemático de niños en la dictadura (1976-83), muchos de ellos nacidos en el centro de tortura de la ESMA.
Además de estos dos ex presidentes de facto, el Tribunal Oral Federal 6 sentará en el banquillo de los acusados al exgeneral Santiago Riveros, al exalmirante Antonio Vañek, al ex capitán de la Marina Jorge "Tigre" Acosta, al exprefecto Jorge Azic, al exmarino Rubén Franco y al exmédico José Luis Magnacco.
Todos los acusados serán juzgados por "sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años".
El juicio abordará 35 casos de robo de niños y cambio de identidad, entre ellos la nieta del poeta argentino Juan Gelman, apropiada al nacer y recuperada 24 años después, y el nieto de Estela de Carlotto, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, nacido durante el cautiverio de su madre, cuyo paradero aún es una incógnita.
La labor de Abuelas permitió recobrar la identidad de 102 personas, sobre 500 hijos de desaparecidos apropiados tras el secuestro de sus padres o nacidos en 'maternidades' clandestinas, como la que albergó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde las parturientas eran obligadas a dar a luz encapuchadas y luego asesinadas.
La entidad humanitaria, junto a Gelman y otros familiares de víctimas, son parte de la querella en el juicio oral y público que se estima durará al menos un año y en el que aportarán su testimonio unas 370 personas.
Si bien la justicia ya condenó a apropiadores en causas por el delito de robo de bebés, lo hizo en casos particulares y será ésta la primera vez que un tribunal debatirá la existencia de un plan sistemático para llevarlos a cabo.
Los casos de 'Pozo de Banfield' y 'La Cacha'
El tribunal Oral Federal 6 abordará los casos ocurridos en la ESMA, pero también en otros centros clandestinos de detención, como el denominado 'Pozo de Banfield' y 'La Cacha'.
Para mediados de año se prevé sumar como acusado a Eduardo Ruffo por el robo de un recién nacido en la cárcel clandestina "Automotores Orletti", considerada pieza clave del "Plan Cóndor", la represión coordinada en el Cono Sur durante la década de los 70 por las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú.
La cárcel ilegal funcionó en 1976 bajo la fachada de un taller mecánico en el barrio porteño de Flores y en ella estuvieron cautivos cientos de detenidos de manera ilegal, en su mayoría uruguayos, aunque también pasaron por allí argentinos, chilenos, cubanos, bolivianos y paraguayos.
Se trata de Simón Riquelo, el hijo que le fue arrebatado a la uruguaya Sara Méndez cuando estaba presa en "Automotores Orletti" y que 26 años después fue recuperado por su madre, quien sobrevivió a las torturas de la dictadura.
También como acusados se sumarán a mediados de 2011 el ex capitán del Ejército Víctor Gallo y su esposa por la apropiación de un bebé que integra la lista de los 102 nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo.
Más casos emblemáticos
Otros casos emblemáticos que estarán presentes en el debate son los robos de los nietos de Estela de Carlotto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, y del poeta argentino Juan Gelman.
El juicio ya tuvo la declaración de la testigo y querellante Nélida Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de las Abuelas, quien pidió dar testimonio antes del comienzo del proceso por su avanzada edad (87 años) y delicado estado de salud.
La llegada del expediente a su instancia oral se postergó y dilató tanto que cuatro de los acusados murieron antes de ser juzgados: el exalmirante Emilio Massera, el exgeneral Juan Bautista Sasiaiñ, el exprefecto Héctor Febres y el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides.
A pocos días del inicio del juicio, el exdictador Videla despidió a sus dos abogados y ya cuenta con asesoramiento de la defensoría oficial.
Videla, de 85 años, está encarcelado en la prisión civil de la guarnición militar de Campo de Mayo, 30 km al noroeste de la capital, tras recibir sentencia a prisión perpetua en diciembre pasado por el fusilamento de 31 opositores políticos en un penal de la ciudad de Córdoba (centro).
Bignone, de 83 años, fue condenado en abril pasado a 25 años de prisión por privaciones ilegales de la libertad y aplicación de torturas a prisioneros políticos, en perjuicio de 56 víctimas, cometidas en Campo de Mayo, el mayor cuartel del ejército terrestre.
Además de estos dos ex presidentes de facto, el Tribunal Oral Federal 6 sentará en el banquillo de los acusados al exgeneral Santiago Riveros, al exalmirante Antonio Vañek, al ex capitán de la Marina Jorge "Tigre" Acosta, al exprefecto Jorge Azic, al exmarino Rubén Franco y al exmédico José Luis Magnacco.
Todos los acusados serán juzgados por "sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años".
El juicio abordará 35 casos de robo de niños y cambio de identidad, entre ellos la nieta del poeta argentino Juan Gelman, apropiada al nacer y recuperada 24 años después, y el nieto de Estela de Carlotto, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, nacido durante el cautiverio de su madre, cuyo paradero aún es una incógnita.
La labor de Abuelas permitió recobrar la identidad de 102 personas, sobre 500 hijos de desaparecidos apropiados tras el secuestro de sus padres o nacidos en 'maternidades' clandestinas, como la que albergó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde las parturientas eran obligadas a dar a luz encapuchadas y luego asesinadas.
La entidad humanitaria, junto a Gelman y otros familiares de víctimas, son parte de la querella en el juicio oral y público que se estima durará al menos un año y en el que aportarán su testimonio unas 370 personas.
Si bien la justicia ya condenó a apropiadores en causas por el delito de robo de bebés, lo hizo en casos particulares y será ésta la primera vez que un tribunal debatirá la existencia de un plan sistemático para llevarlos a cabo.
Los casos de 'Pozo de Banfield' y 'La Cacha'
El tribunal Oral Federal 6 abordará los casos ocurridos en la ESMA, pero también en otros centros clandestinos de detención, como el denominado 'Pozo de Banfield' y 'La Cacha'.
Para mediados de año se prevé sumar como acusado a Eduardo Ruffo por el robo de un recién nacido en la cárcel clandestina "Automotores Orletti", considerada pieza clave del "Plan Cóndor", la represión coordinada en el Cono Sur durante la década de los 70 por las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú.
La cárcel ilegal funcionó en 1976 bajo la fachada de un taller mecánico en el barrio porteño de Flores y en ella estuvieron cautivos cientos de detenidos de manera ilegal, en su mayoría uruguayos, aunque también pasaron por allí argentinos, chilenos, cubanos, bolivianos y paraguayos.
Se trata de Simón Riquelo, el hijo que le fue arrebatado a la uruguaya Sara Méndez cuando estaba presa en "Automotores Orletti" y que 26 años después fue recuperado por su madre, quien sobrevivió a las torturas de la dictadura.
También como acusados se sumarán a mediados de 2011 el ex capitán del Ejército Víctor Gallo y su esposa por la apropiación de un bebé que integra la lista de los 102 nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo.
Más casos emblemáticos
Otros casos emblemáticos que estarán presentes en el debate son los robos de los nietos de Estela de Carlotto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, y del poeta argentino Juan Gelman.
El juicio ya tuvo la declaración de la testigo y querellante Nélida Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de las Abuelas, quien pidió dar testimonio antes del comienzo del proceso por su avanzada edad (87 años) y delicado estado de salud.
La llegada del expediente a su instancia oral se postergó y dilató tanto que cuatro de los acusados murieron antes de ser juzgados: el exalmirante Emilio Massera, el exgeneral Juan Bautista Sasiaiñ, el exprefecto Héctor Febres y el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides.
A pocos días del inicio del juicio, el exdictador Videla despidió a sus dos abogados y ya cuenta con asesoramiento de la defensoría oficial.
Videla, de 85 años, está encarcelado en la prisión civil de la guarnición militar de Campo de Mayo, 30 km al noroeste de la capital, tras recibir sentencia a prisión perpetua en diciembre pasado por el fusilamento de 31 opositores políticos en un penal de la ciudad de Córdoba (centro).
Bignone, de 83 años, fue condenado en abril pasado a 25 años de prisión por privaciones ilegales de la libertad y aplicación de torturas a prisioneros políticos, en perjuicio de 56 víctimas, cometidas en Campo de Mayo, el mayor cuartel del ejército terrestre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario